La violencia penetró el Palacio Municipal de Tlacolula de Matamoros. No fue una discusión política, fue una agresión directa.
Un grupo vinculado al Síndico Hacendario, Heliodoro Morales Soriano, irrumpió en la oficina de la Síndica Procuradora, Maira Floricet Rodríguez Gopar, para agredirla verbal y físicamente y presionarla a dejar el cargo. Entre los involucrados están Evila Méndez, ex tesorera de la administración 2022-2024, y Carlos Medina, señalado como quien encabezó la irrupción.
No hay ambigüedad: hay registros en video, que están en poder de la Fiscalía, fotografías y testimonios que documentan el momento en que el grupo entra por la fuerza, invade un espacio institucional y arremete contra la funcionaria.
El hecho no se queda en una agresión aislada. Se trata de violencia política en razón de género. La presión para obligarla a renunciar, el uso de la fuerza y el contexto en el que ocurre —contra una mujer indígena en ejercicio de su cargo— ponen este caso en nivel de gravedad mayor.
La agresión pone en riesgo su integridad física, pero además, existe preocupación real por la seguridad de Maira Floricet Rodríguez Gopar.
Lo ocurrido también exhibe un problema de fondo: el uso de grupos de choque dentro de la vida pública municipal para imponer decisiones por la fuerza. Es un mensaje peligroso. Si no se detiene, se normaliza.
*Las autoridades no pueden mirar a otro lado.*
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca tiene la responsabilidad de investigar y proceder. El Tribunal Electoral del Estado y la Defensoría de los Derechos Humanos deben intervenir ante la evidente vulneración de derechos políticos y humanos.
A nivel estatal, el caso alcanza directamente al gobierno de Oaxaca. Permitir agresiones dentro de un Palacio Municipal implica tolerar que la violencia sustituya a las instituciones.
Y en el plano nacional, el discurso de protección a las mujeres queda vacío si hechos como este no tienen consecuencias.
Aquí no hay margen para la tibieza. Lo ocurrido en Tlacolula no es menor: es violencia, es abuso de poder y es un intento de imposición por la fuerza.
La pregunta es, ¿quién va a responder y en qué momento?