CRECE EL HARTAZGO CIUDADANO EN SAN ANTONIO DE LA CAL: DENUNCIAN A GRUPOS VIOLENTOS

Ciudadanos de San Antonio de la Cal señalaron directamente a los responsables de la violencia registrada durante la asamblea en la que se elegirían a los representantes de las secciones, con el fin de acordar la fecha de las próximas elecciones municipales.

De acuerdo con los testimonios, se trata de los mismos grupos y personas que se han opuesto sistemáticamente a todo tipo de obra y actividad en el municipio, incluyendo el récord Guinness de la tlayuda, evento que fue considerado un éxito a nivel estatal, municipal y nacional.

La población exige paz y castigo para quienes promueven actos violentos, a quienes identifican plenamente:

Zeferino Morales Martínez

Iyari Méndez (yerno de la exdiputada Lety Collado)

Oliverio Vázquez Santiago

Alfonso Vázquez Santiago

Hipólito Méndez García (“El Diablo”)

Diego Mariano García

Manuel López (“El Chubasco”)

Antonio Jiménez García

Violeta Canseco Méndez

Pastor Martínez Jiménez

Luis Miguel Martínez

Beatriz Méndez

Norma Clever

Teodoro Reyes García

Sergio Martínez Trejo (“El Paisano”)

Iván Zavaleta (líder paracaidista del paraje Los Pinos)

Ulises Antonio Martínez

José Ríos Martínez

Domingo García García

Guillermo López León

Heriberto Canseco

Hernesto Martínez

Juan Gaspar

Romana Morales Martínez

Pedro Bautista

Juan Alejandro Martínez (“El Pirris”)

Genaro López

Mario Méndez Santiago

Los denunciantes aseguran que estas personas fueron movilizadas mediante el pago de 300 pesos por asistente, con el respaldo de actores políticos externos: Abel Gandarillas, Jorge Arroyo y Lalo Villaseca.

Paradójicamente, fueron ellos quienes exigieron la realización de la asamblea y, al mismo tiempo, ejercieron violencia para impedir su desarrollo. La intención era nombrar al consejo electoral municipal, pero –afirman los inconformes– no aceptan haber perdido ante el Tribunal Electoral de Oaxaca (TEO).

Finalmente, también se denunció que incluso manipulan al comisariado ejidal, a quien hacen firmar impugnaciones que carecen de sustento legal, aprovechándose de que no sabe leer ni escribir.

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