Oaxaca, Oax., 12 de octubre de 2026.– Un conflicto por la posesión de 40 predios, con una superficie aproximada de 11 hectáreas, mantiene en disputa a habitantes de Cuilápam de Guerrero, quienes acusaron a integrantes de la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (#ASAEO) de despojarlos de sus terrenos y afectar a alrededor de 170 familias.
Los denunciantes se manifestaron frente al Palacio de Gobierno de Oaxaca para exigir la intervención del gobernador Salomón Jara Cruz y de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ante lo que consideran una invasión de sus propiedades en el paraje Rancho Areche, ubicado en el barrio San Lucas. También denunciaron la apropiación de las oficinas pertenecientes a esa comunidad de propietarios.
Las familias señalaron que el conflicto comenzó en mayo de 2026, con la llegada de integrantes de la ASAEO. De acuerdo con Agustín Pacheco Hernández, presidente del comité del paraje, los propietarios comenzaron a adquirir los terrenos desde la primera década de los años 2000 y cuentan con documentos que, aseguraron, fueron expedidos por la autoridad municipal de Cuilápam.
Durante la protesta, los afectados acusaron a la presidenta municipal, Mayra Silva Fernández, de favorecer presuntamente a quienes ocupan los terrenos y de distorsionar la situación al calificar a los propietarios como paracaidistas. Por ello, exigieron que se reconozcan sus derechos y se esclarezca la legalidad de la posesión de los lotes.
Los manifestantes también señalaron a un hombre identificado como Alfredo Poblete Vásquez, quien presuntamente se ostenta como propietario de los predios, así como a un abogado identificado como Héctor S. L. Este último ofreció en agosto una conferencia de prensa en la que acusó a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) de presuntamente prestarse a un despojo relacionado con un terreno de 37 hectáreas en el paraje Loma Larga, en San Pablo Etla, en perjuicio de sus representados.
Asimismo, los denunciantes mencionaron al notario número 81, Edilberto Jiménez Murat, a quien atribuyeron una presunta participación en la elaboración o validación de documentos que, según su versión, serían utilizados para respaldar la posesión de los terrenos en disputa. Estas acusaciones deberán ser esclarecidas por las autoridades competentes.
Los inconformes también recordaron que la FGEO ha señalado anteriormente a la ASAEO por su presunta relación con diversos delitos, entre ellos extorsión, cobro de piso, despojo y narcomenudeo.
En la denuncia figuran al menos 140 personas afectadas, quienes demandan que las autoridades investiguen los hechos, determinen la situación jurídica de los predios y garanticen condiciones de seguridad para los propietarios.
Ante la falta de una solución, las familias reiteraron su exigencia de justicia y reclamaron que las autoridades estatales y federales intervengan para esclarecer el conflicto, determinar posibles responsabilidades y evitar que la disputa por las 11 hectáreas derive en mayores afectaciones para los habitantes de Cuilápam de Guerrero.