Gran sector ciudadano alza la voz:
La seguridad pública, un derecho fundamental, atraviesa uno de sus momentos más críticos en Oaxaca de Juárez. Lejos de fortalecerse, la estrategia municipal evidencia improvisación, falta de capacidad operativa y una preocupante politización de los programas dirigidos a la ciudadanía. El resultado es claro: una percepción creciente de inseguridad en calles y hogares, y un gobierno que no logra responder a la altura de las exigencias sociales.
En este contexto, surge el llamado programa de “Inteligencia Vecinal (INVE)”, que más que una política pública sólida, parece una estructura sin sustento técnico ni conocimiento en materia de seguridad. Diversas voces ciudadanas coinciden en que su verdadero objetivo no es prevenir el delito, sino construir una base electoral rumbo a 2027 para revertir el alto nivel de desaprobación del presidente municipal, Ray Chagoya.
La estrategia no es nueva. Se trata de una réplica mal ejecutada de modelos de proximidad social como “Sendero Seguro”, implementados en otras entidades. En Oaxaca, bajo el programa “Vecinas y Vecinos por la Paz”, se prometió fortalecer el tejido social y mejorar la seguridad. Sin embargo, a dos años de su implementación, los resultados son prácticamente nulos.
Lejos de diagnósticos serios o acciones efectivas, la participación institucional se ha reducido a la entrega de chalecos y gorras con recursos públicos, mientras las colonias siguen enfrentando problemas básicos: falta de luminarias, abandono de espacios públicos y una respuesta deficiente de la policía municipal y vial. Más de 30 mil solicitudes de poda de árboles y recuperación de espacios permanecen sin atención.
A esto se suma el señalamiento directo contra la Dirección de Prevención del Delito, encabezada por Lii Yio Pérez Zárate, acusada de utilizar los programas institucionales con fines de promoción política personal, en su aspiración a una candidatura local. La permanencia en el cargo mientras realiza estas acciones levanta cuestionamientos sobre el uso indebido de recursos públicos.
En paralelo, la regidora de Seguridad Vecinal, Alma Herrera, también es señalada por su ineficacia y ausencia en la operación real de los programas. Colonos denuncian que su participación ha sido delegada a personal auxiliar, sin generar soluciones concretas a las problemáticas más urgentes.
Hoy, lo que preocupa aún más es el presunto uso indebido de datos ciudadanos. Denuncias apuntan a que la base de datos de los comités de “Vecinas y Vecinos por la Paz” está siendo utilizada para convocar, en reuniones privadas, a abandonar dicho programa e integrarse a “Inteligencia Vecinal”. Esto no solo implica una falta de ética, sino un posible uso ilegal de información confidencial compartida entre distintas instancias de seguridad.
El trasfondo político también es evidente. La disputa interna por la candidatura a la presidencia municipal entre Ray Chagoya, Noé Jara, Jorge Gandarillas, entre otros, ha derivado en alianzas y rupturas que poco tienen que ver con la seguridad de la población. Mientras tanto, los ciudadanos siguen siendo utilizados como instrumento de operación política.
La llamada “Inteligencia Vecinal” no plantea soluciones reales ni atiende las causas de la inseguridad. No hay trabajo territorial, ni formación de nuevos comités con enfoque preventivo, ni inversión significativa en infraestructura o profesionalización policial. Se trata, más bien, de una estrategia que busca reciclar estructuras existentes sin esfuerzo ni resultados, con fines claramente electorales.
Mientras las autoridades estatales como el gobernador Salomón Jara y mandos de corporaciones como la PABIC aparentan desconocer estas maniobras, en el terreno la ciudadanía percibe abandono, simulación y engaño.
La seguridad no puede seguir siendo rehén de intereses políticos. Oaxaca de Juárez necesita estrategias reales, transparentes y efectivas, no programas improvisados que utilizan el miedo ciudadano como plataforma electoral.