Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) vuelven a colocarse en el centro de la polémica al ignorar las instrucciones del Gobernador Salomón Jara Cruz y la política de #austeridad, al contratar a la empresa de seguridad privada foránea #SERPROSEP, con la venia de la encargada de la Unidad de Servicios Generales y Recursos Materiales, Mitzi Dayli García Díaz.
De acuerdo con documentos oficiales, García Díaz autorizó el pago de 22 mil pesos mensuales por cada elemento de seguridad a dicha empresa, un costo mayor al que se destinaba anteriormente: 19 mil pesos a la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC) y apenas 14 mil a empresas locales. Esta decisión no solo excluyó a corporaciones oaxaqueñas, sino que también elevó los gastos en perjuicio del erario.
A las irregularidades financieras se suma la existencia de más de 400 “elementos fantasmas”, ya que en diversos centros de salud y hospitales se han recibido múltiples quejas por la falta de personal de seguridad, pese a que los pagos sí se ejercen.
Outsourcing y evasión fiscal disfrazada
El escándalo crece al revelarse que SERPROSEP opera bajo un esquema de outsourcing para evadir responsabilidades fiscales y laborales. Aunque presta el servicio, las facturas se emiten a nombre de una tercera empresa denominada MÁXIMA GUÍA, con sede fiscal en Ignacio Manuel Altamirano 7-1, Ex Hacienda Santa Mónica, Tlalnepantla de Baz, Estado de México.
Sin embargo, al verificar dicha dirección en aplicaciones de localización, se descubrió que ahí no existe ninguna empresa de seguridad, sino un pequeño taller de reparación y fabricación de muebles, lo que evidencia un presunto fraude fiscal y administrativo.
Entre la simulación y el desdén
Con esta operación, los #SSO no solo desobedecen la instrucción del Gobernador de privilegiar a empresas locales, sino que además fomentan la corrupción, elevan costos, excluyen a corporaciones oaxaqueñas y violan derechos laborales de los trabajadores de seguridad.
Mientras tanto, hospitales y centros de salud continúan sin suficiente personal de resguardo, mientras los recursos públicos se desvían a empresas con domicilio incierto y prácticas de outsourcing