Redacción AMPM
Surian Vega Arroyo, síndica municipal de Tamazulápam del Progreso, anunció que impugnarán la decisión abusiva del Congreso de Oaxaca para declarar la desaparición de poderes en esa municipalidad; además de que interpusieron una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra el edil, Ramiro Quiroz Salcedo, por la aplicación de 17 millones de pesos, tras las observaciones en la auditoría por dicho monto durante el ejercicio fiscal 2022.
“Como concejales nunca conocimos que se iba a llevar a cabo la desaparición de poderes”, dijo.
También destacó que su firma fue falsificada en un documento en el cual ella estaría de acuerdo con la desaparición de poderes, pero es algo que ella nunca aprobó ni mucho menos signó el documento que fue entregado al Congreso.
«Un día de repente me muestran el documento firmado por mi, hecho que nunca ocurrió y eso es falsificación de firmas», señaló al mostrar ante los medios de comunicación el documento con firmas apócrifas.
Señaló como abusiva la decisión del Congreso de Oaxaca para declarar la desaparición de poderes en su municipio, donde prevalecieron intereses políticos por parte de los legisladores.
«Los diputados decidieron al vapor, de forma rápida y sin análisis dicha decisión en la que ni ella como otros concejales tuvieron conocimiento previo de su intención, es decir, no hubo una investigación para determinar que había ingobernabilidad», explicó.
Entre las personas interesadas con la desaparición de poderes, dijo, se encuentra la del regidor de oposición, José Antonio García Concha, de Morena, quien aprovechó a favor de su partido las exigencias para que el edil, Ramiro Quiroz Salcedo, transparentara los recursos públicos del 2022.
Vega Arroyo hizo mención de las deficiencias de la gestión de Quiroz Salcedos, de los problemas con las agencias municipales en la entrega de sus participaciones, deudas con proveedores y de dietas, pero nada que sea motivo de ingobernabilidad, como lo señaló el Congreso local.
La llegada de un administrador, añade, sólo empeorará las condiciones para la entrega de recursos en las comunidades y el desarrollo de obras, por lo que aseguró que el pueblo en general no va a permitir un administrador.
