Favorecen nuevamente a imputado de alteración de evidencias en caso Ivanna

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Floriberto Santos
Un juez de control resolvió no vincular a proceso a Alfredo D. C., luego de que un ministerio público le imputara el delito de destrucción, alteración y desaparición de evidencias cometido durante el accidente ocurrido en octubre de 2018 en el cual perdió la vida su novia Silva Ivanna M. L.
De acuerdo con la causa penal, el 21 de octubre de 2018, a las 02:50 horas aproximadamente, Silvia Ivanna perdió la vida en un accidente automovilístico en la calle de Las Etnias, en el sector de la colonia Reforma, al norte de la ciudad de Oaxaca, iniciándose al respecto la carpeta de investigación 10472/OAXACA/2018, teniendo como imputados a Alfredo D. C., y a Rebeca Leticia Cervantes Navarro, exdelegada estatal de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Primeramente, se inició la carpeta de investigación por el delito de homicidio culposo en contra de Alfredo, negándose posteriormente la Fiscalía del Estado a ejercitar acción penal contra el mismo por el delito de abandono de persona por deber de cuidado, destrucción, alteración y desaparición de evidencias y ocultamiento de cadáver.
Así también, se negó a proceder penalmente en contra de Rebeca Leticia Cervantes Navarro por el delito de destrucción, alteración y desaparición de evidencias.
Ante tanta insistencia y peregrinar, se logró que se iniciara la investigación contra Alfredo por el delito de destrucción, alteración y desaparición de evidencias, pero no así contra Rebeca Leticia.
En audiencia de ampliación del término constitucional celebrada ayer en la sala A de los Juzgados de Control de Valles Centrales, la juez de control, Martha Santiago Sánchez, desechó finalmente esta acusación luego de que hace unos días le comunicaran la imputación, dentro del expediente penal 843/2019.
Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, el Ministerio Público no presentó las pruebas suficientes, ya que exhibió únicamente los videos donde el inculpado después del accidente desciende del vehículo, da la vuelta, ve al copiloto y se vuelve a subir al auto, pero no se ve cuándo arranca y huye.
El Ministerio Público no mostró la continuación del video donde se ve que el inculpado arranca y huye del lugar de los hechos, y donde se presenta en el hospital civil de Oaxaca cuatro horas después, pero con otro copiloto en el Jeep, supuestamente la madre del inculpado.
La juez, según, no toma en cuenta que el accidente fue a las 02:58 horas de la madrugada del 21 de octubre del 2018 y que se presentan en el hospital Civil prácticamente 4 horas después del accidente
Según la autopsia el descenso fue alrededor de las 5 de la madrugada de ese día, por lo que prácticamente la dejaron morir sin recibir atención médica de inmediato.
¿Qué pasó de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana con el cuerpo de Ivanna? ¿Qué paso en esas tres horas? sigue preguntándose la sociedad.
Ante esta nueva resolución, trascendió que la parte interesada apelará en los próximos días, ya que como pruebas presentaron solo un video y editado.

ANTECEDENTES DE INEPTITUDES
Cabe recordar que en marzo de 2020, por probables actos de corrupción e ineptitud en el desempeño de sus funciones, un ministerio público y un juez fueron denunciados ante la Fiscalía Anticorrupción por un familiar y su representante legal de Ivanna Mingo.
Silvia López Ramos, víctima indirecta, dentro de la causa penal 843/2019, fue quien compareció ante la autoridad Anticorrupción para denunciar a Alejandro Pacheco Concha, juez de control del circuito Judicial de Valles Centrales, Oaxaca, Sede Tanivet.
Asimismo, solicitó tanto al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se le investigue en sus finanzas personales, respecto a sus ingresos y egresos legales, para poder verificar si ambos corresponden a la realidad legal y verificar si no gasta más de lo que legalmente gana.
Ante esta situación solicitaron se excuse inmediatamente de conocer del juicio que se lleva contra Alfredo Delgado Cervantes.
La misma situación ocurrió con Suzzete Soto Pinacho, juez; Vicente García Baltazar, agente del ministerio público adscrito a la Vicefiscalía General Zona Centro de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) y con la Ministerio Público, Roxana Reyes Vásquez, quienes dejaron mucho que decir de la persecución de los delitos y la procuración de justicia.
Denunció también que en la diligencia de levantamiento de cadáver, Israel Juvenal Vásquez Gómez, Agente Estatal de Investigaciones, realizó la diligencia respectiva sin el apoyo de peritos e incluso, menciona en la diligencia que por órdenes de la agente del ministerio público, Fluvia Rocío Hernández Cruz, dicho levantamiento de cadáver se tenía que realizar sin asistencia de peritos, imponer razón de ello y contraviniendo a todo principio legal y procesal, tanto quien ordena como quien ejecuta dicha orden.
La denuncia en contra de la juez, Suzzete Soto Pinacho, se basa en la audiencia de comunicación de imputación que se llevó a cabo y en la cual se dio a conocer a Alfredo Delgado la imputación que existe en su contra por el delito culposo de homicidio y el delito de abandono de persona.
Durante esta audiencia, la juez soslayó el hecho de que el ministerio público y el asesor legal se mostraron incompetentes e iletrados en la materia, sin que se apercibiera a dichas personas ministerio público y asesor de la víctima y sin que mandara a llamar al defensor de oficio ante la incapacidad de quienes los asistieron, lo cual resulta un grado de corrupción o de ignorancia o desconocimiento de la material penal por parte de la juez de control.
Otras anomalías señaladas ocurrieron cuando Alfredo Cervantes no compareció ante el juez para la audiencia de comunicación del delito de destrucción, alteración y destrucción de evidencias, pretextando que se encontraba enfermo.
La denunciante hizo ver las anomalías respecto a un justificante como el certificado médico que exhibió el imputado.
Acusó que tanto el Ministerio Público como el juez soslayaron los argumentos y a la Ley General de Salud, aduciendo que la suscrita no es perito médico y no quisieron ahondar en el tema, lo cual evidencia que ambos funcionarios están coludidos con el imputado y su defensa en actos de corrupción o que ambos funcionarios son ineptos y por demás ignorantes del derecho.

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