TOMA DE CIUDAD UNIVERSITARIA AFECTA DERECHO A LA EDUCACIÓN Y PODRÍA DERIVAR EN ACCIONES LEGALES: UABJO
El abogado general de la Universidad Autónoma «Benito Juárez» de Oaxaca (#UABJO), Luis Abel Solano, advirtió que la toma de Ciudad Universitaria está generando un grave perjuicio a la comunidad estudiantil, al impedir el desarrollo normal de las actividades académicas y administrativas.
En entrevista, señaló que con esta acción se está violentando el derecho a la educación de miles de estudiantes, además de afectar el funcionamiento institucional de la máxima casa de estudios.
«El patrimonio universitario está siendo prácticamente secuestrado y despojado. Se está impidiendo el desempeño y desarrollo de los trabajos de cada uno de los funcionarios que ya fueron designados, incluido el propio rector», expresó.
El representante legal de la UABJO sostuvo que la ocupación de las instalaciones podría configurar diversos delitos, por lo que la universidad analiza las acciones jurídicas que podrían emprenderse contra quienes mantienen tomadas las instalaciones.
Indicó que la representación legal de la institución no puede permanecer omisa ante la defensa del patrimonio universitario, ya que también podría incurrir en responsabilidades por no actuar frente a estos hechos.
Asimismo, afirmó que las unidades académicas y los integrantes del Consejo Universitario con voz y voto han expresado de manera mayoritaria su respaldo al rector electo, Farid Acevedo López, y han demandado respeto a la legalidad del proceso.
Luis Abel Solano reiteró que la elección de Farid Acevedo López se realizó conforme a los lineamientos y normas universitarias vigentes, por lo que consideró que su triunfo es legal e incuestionable.
En ese sentido, sostuvo que las acusaciones e impugnaciones promovidas por Enrique Martínez Martínez carecen de fundamento jurídico. Sin embargo, Martínez y un grupo minoritario de estudiantes continúan manifestándose y manteniendo la toma de Ciudad Universitaria en rechazo al resultado electoral.
El abogado general insistió en que la ocupación de las instalaciones universitarias es ilegal y advirtió que esta situación podría derivar en demandas y procedimientos legales para salvaguardar el patrimonio y el funcionamiento de la institución.
