Estanca Fiscalía investigación contra falsificadores de títulos de la UABJO; juez ordena reanudarla

Serían favorecidos el secretario general del SUTIEBO y otros empleados

Floriberto Santos

Dos de al menos 30 profesionistas que denunciaron una red de falsificadores de títulos y cédulas profesionales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), llevaron el caso ante un juez penal de los Juzgados de Valles Centrales con sede en Tanivet, Tlacolula, luego de que un agente del ministerio público determinara el no ejercicio de la acción penal a favor de tres integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca (SUTIEBO).

Una arquitecto y un químico farmacéutico biólogo, fueron quienes promovieron el incidente a la resolución emitida por el fiscal el pasado 20 de agosto, en la cual se dictó el acuerdo de no ejercicio de la acción penal a favor del biólogo Víctor. H. G., secretario general del SUTIEBO y los secretarios Silvia P. L. y Hermilo G. C., ordenándose iniciar un legajo de investigación únicamente en contra de Francisco Javier P. y Efraín C., por el delito que la ley señala como uso de documento falso.

La denuncia

En la carpeta de investigación se precisa que las víctimas R. J. P. y G. G. B., concluyeron sus estudios profesionales en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca en el año 2000, como Químico Farmacéutico Biólogo y en Arquitectura, respectivamente. Los profesionistas declararon también pertenecer al SUTIEBO.

Según la denuncia, el 2 de febrero de 2015, recibieron, vía correo electrónico, una invitación de Silvia convocada por Víctor y Hermilo, consistente en la jornada selectiva de proceso de titulación para egresados de la UABJO.

Esta convocatoria fue aceptada por aproximadamente 50 profesionistas, celebrándose continuas reuniones en las oficinas del SUTIEBO, ubicadas en la calle Palmeras, de la colonia Reforma, al norte de la ciudad de Oaxaca de Juárez.

Posteriormente, el 6 de febrero asistieron a una primera reunión, donde estuvieron presentes Silvia y Hermilo, no así el señor Víctor, quien les encargó a sus colaboradores comunicarles a los convocados que no contaban con el título profesional que, se les ayudaría con el trámite y papeleo, ya que Víctor había tenido un acercamiento con un representante de la exrectora Leticia Mendoza Toro, de nombre Francisco Javier, a quien se les presentó.

Francisco Javier les confirmó que era empleado de Mendoza Toro y que Víctor le manifestó su preocupación de requerir sus títulos evitando trámites emborrosos y que para ello se había firmado un acuerdo con la líder sindical, Leticia Mendoza, para que mediante un programa de apoyo se les tramitaría su título profesional y que cada uno aportaría la cantidad de 30 mil pesos.

Al siguiente mes, el 2 de marzo, las víctimas acudieron nuevamente a las oficinas del SUTIEBO, donde se encontraban Víctor y Francisco Javier, entregando el dinero al señor Víctor, quien pidió a Francisco Javier, le ayudara a contar el dinero.

 

“Esas tres personas, siendo miembros de la administración del Sindicato, fueron los que hicieron la invitación para poder ejercer los trámites de titulación, a esas tres personas por tener la confianza y ser miembros de un sindicato confiamos plenamente en que iba a ser un proceso legal, pero posteriormente a esto nos encomendaron con otras dos personas que dicen ser trabajadores de la UABJO, cuando en realidad no son trabajadores de ahí, e iniciaron un trámite a sabiendas de que no era legal; inicialmente éramos 50 personas las que tomamos la invitación, los que acudimos a esa reunión, posteriormente en el grupo de Wat que formamos nos comunicamos y empezamos a revisar el documento, dándonos cuenta que tenían varios errores como la ortografía, los sellos las firmas, las cuales cotejamos con documentos de la Universidad con Leticia Mendoza Toro y había inconsistencias, lo hicimos saber al Secretario, pero de manera tajante nos dijo que lo desconocía”.

Víctima

Días después, el 20 de marzo, a las 18 horas, la víctima G. G. B. fue citada en la terminal de autobuses ADO por Francisco Javier, quien le entregó un sobre tamaño carta y en su interior un título profesional, diciéndole que revisara sus datos y que seguirían en contacto para el trámite de su cedula profesional, además de que debería entregar una copia de lo recibido a Silvia.

Lo mismo ocurrió con la segunda víctima R. J. P. el 26 de marzo de 2015, a las 19:20 horas, cuando Francisco Javier le hizo entrega de un sobre con su título.

El 15 de mayo del mismo año, las víctimas regresaron al SUTIEBO, donde nuevamente fueron recibidas por Silvia, quien les recibió la cantidad de 2 mil pesos por concepto de un acta para el examen profesional que se lo había hecho llegar Francisco Javier, con la firma de la licenciada Leticia Mendoza Toro.

Poco después, los ofendidos preguntaron por su documento, pero Silvia y Hermilo les manifestaron que no sabían nada, que Francisco Javier no les había dicho nada.

Recuerdan que el 15 de abril de 2016 tuvieron otra reunión con Víctor, quien les presentó a otro señor, identificado como Efraín C., mismo que lo había dejado como encargado Francisco Javier para continuar con el trámite de cédulas, pero sin que hasta la fecha lo hiciera y por ello procedieron a la denuncia penal.

El alegato

Para el asesor jurídico de las víctimas, el delito se configura ante la existencia de un documento falso sea público y privado, como el título profesional del 10 de diciembre de 2013 y certificado de acta de examen profesional del mismo día a favor de R. J. P., así como los documentos de G. G. B., aunado a ello el dictamen del examen en materia penal de documentoscopía del 19 de diciembre de 2016 emitido por un perito de la Fiscalía General del Estado, en el cual concluyó que el estado de los documentos son de naturaleza apócrifa.

“Es decir, los imputados Víctor, Silvia y Hermilo tuvieron conocimiento de esa falsedad, realizaron la invitación y celebraron reuniones en diversas fechas”, sostuvo el asesor jurídico.

Juez resuelve

Al resolver la juez, asentó que el ministerio público no hizo una investigación objetiva, exhaustiva, no cumplió con la obligación de realizar la investigación correspondiente para llenarse de datos de prueba que hagan sustentar el ejercicio de no acción penal.

“Advierto que Silvia, posterior a que le fueron entregadas a las victimas sus títulos continuó con la tramitación o recepción del dinero que habían acordado para el trámite del acta de examen profesional.

“El ministerio público no aporta dados de prueba para que determine que estas personas no tenían conocimiento de que el documento era falso, porque su hecho dice lo contrario, ya que Víctor tuvo una participación activa

“Por lo tanto, no puedo confirmar la resolución que emitió el ministerio público el 20 de agosto de 2018, tendrán que reanudar la investigación, continuar con la búsqueda de datos de prueba para que tengan sustentos que permita creer que esas tres personas no tenían conocimiento del documento falso”, sentenció.