Invitan de nuevo a presidenta de San Juan Bautista Lo de Soto a explicar préstamo solicitado a Banobras; responde con denuncia

San Juan Bautista Lo de Soto, Jamiltepec, Oaxaca.— Ciudadanos de este municipio de la Costa Chica reiteraron la invitación pública a la presidenta municipal Irasema Leyva Ojeda para que explique el destino de un préstamo cercano a los tres millones de pesos solicitado al banco Banobras, del cual la población asegura no tener información clara ni aprobación formal del Cabildo.
Habitantes de Lo de Soto señalaron que se enteraron del financiamiento a través de información difundida en redes sociales, sin que hasta ahora exista una explicación oficial sobre el uso del recurso público. Ante ello, convocaron a una reunión ciudadana, pública y pacífica, con el objetivo de conocer los pormenores del crédito y otros asuntos de interés comunitario.
Sin embargo, la autoridad municipal no acudió a la reunión. De acuerdo con los organizadores, en respuesta intentó obstaculizar la convocatoria, ordenando la suspensión del perifoneo para evitar que la ciudadanía se enterara del lugar y la hora del encuentro. Pese a ello, la asamblea se realizó sin su presencia, y únicamente se detectó la asistencia de personas afines a la presidenta municipal que, de manera encubierta, acudieron a escuchar lo tratado.
Como resultado, al día siguiente los ciudadanos emitieron una nueva invitación por escrito dirigida a la presidenta municipal, solicitando nuevamente su presencia para que rinda cuentas sobre el préstamo gestionado ante Banobras.
Ese mismo día, la presidenta municipal respondió no con información, sino con una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, con sede en Pinotepa Nacional. De manera expedita, el Ministerio Público notificó al regidor de Ecología, Ganadería y Agricultura, Abraham Alejandro Ojeda Pacheco, quien sí participó en la reunión ciudadana, la imposición de medidas de apremio por presunta violencia política en razón de género.
Pide regidor transparencia y recibe medidas restrictivas
La abogada y catedrática de la Facultad de Derecho de la UNAM, María Ojeda, calificó como excesivas y desproporcionadas las medidas dictadas contra el regidor y advirtió un uso político de la figura de violencia política en razón de género para inhibir la rendición de cuentas.
La académica explicó que el préstamo solicitado por la presidenta municipal no fue discutido ni aprobado por el Cabildo, requisito indispensable para este tipo de endeudamiento público. Indicó que el regidor se enteró del crédito a través de publicaciones oficiales y solicitó formalmente a la presidenta municipal que informara sobre el manejo del recurso.
Detalló que el 1 de agosto de 2025, la alcaldesa acudió al municipio acompañada del director de Finanzas y que, como justificación del gasto, se planteó la adquisición de un camión recolector de basura modelo 1983, lo que generó mayor inconformidad entre los ciudadanos.
La abogada subrayó que la participación del regidor se limitó a exigir transparencia y rendición de cuentas, sin incurrir en descalificaciones personales ni expresiones relacionadas con el género de la presidenta municipal. No obstante, tras la denuncia presentada ante la Fiscalía, el Ministerio Público Édgar Manuel Orantes dictó medidas que le prohíben al regidor comunicarse o interactuar con la presidenta municipal, lo que en los hechos le impide ejercer plenamente su cargo.
“Mi cliente no incurre en violencia política en razón de género por solicitar información sobre un préstamo que no fue autorizado por el Cabildo. Se le silencia con un argumento que vulnera sus derechos constitucionales”, denunció la catedrática.
Mientras tanto, ciudadanos de San Juan Bautista Lo de Soto insisten en que la presidenta municipal debe explicar con claridad el destino del endeudamiento, y advierten que criminalizar la exigencia de transparencia profundiza la desconfianza y debilita la vida democrática del municipio.