Floriberto Santos
Un juez de amparo ordenó que un juez de control se pronunciara nuevamente en contra de Carlos Moreno Alcántara, procesado por el delito de tráfico de concesiones. Moreno Alcántara fue titular de la Secretaría de Vialidad y Transporte (Sevitra), en el sexenio de Gabino Cué Monteagudo.
Por este motivo, esta tarde se desarrolla una audiencia de cumplimiento de ejecutoría de amparo de audiencia pública urgente, en la sala B, de los Juzgados de Control de Circuito Judicial de Valles Centrales, dentro del expediente penal 0760/2017.
En julio del año pasado, el Juez Segundo de Distrito, Fidel Gallegos Figueroa, concedió un amparo y ordenó la libertad bajo caución de Moreno Alcántara, quien se encontraba preso en el Centro de Reclusión de Santa María Ixcotel.
En su momento, el Fiscal Anticorrupción, Jorge Emilio Iruegas Álvarez, explicó se pediría la revisión del amparo, para que vuelva a prisión el extitular de Sevitra.
“El Juez Federal sobreseyó el juicio de amparo 1365/2017, promovido por Moreno Alcántara y Carrasco Velásquez, contra la orden de traslado del Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales de Tanivet a Ixcotel”
“Sin embargo, en el amparo 1387/2017 el Juez establece que la Justicia de la Unión ampara y protege a Moreno Alcántara y Carrasco Velásquez contra el auto de vinculación a proceso reclamado, dictado en la causa penal 760/2017”, dijo.
Carlos Moreno Alcántara, junto con José Antonio Carrasco Velásquez, exdirector jurídico de Sevitra, fueron detenidos el 21 de noviembre de 2017 por el presunto delito de tráfico de 500 concesiones en el 2016.
Además, por causar un daño al Estado por más de 5.8 millones de pesos e intereses por entrega de los títulos sin el pago de los derechos.
Según la acusación “los ex funcionarios firmaron y otorgaron sin cumplir con los requisitos legales entre los meses de enero a noviembre del 2016, 502 títulos de concesión para la explotación del servicio público de transporte en el Estado de Oaxaca, sin contar con el pago de derechos correspondiente.
Ello representó un daño patrimonial a la hacienda Pública del Estado por la cantidad de 5 millones 836 mil 284.16 pesos, más el interés legal generado, actualizaciones, recargos y demás accesorios aplicables a partir de la fecha en que se debió haber efectuado el pago de los derechos correspondientes.
Los títulos de concesión fueron firmados con facultades de coordinación de la expedición de las autorizaciones relativas y facultades de validación de la emisión de las concesiones.
Independientemente del daño económico causado al Erario del Estado de Oaxaca, lesiona también los derechos de los concesionarios formalmente regulados, por no cumplirse los requisitos establecidos en las leyes de la materia para el otorgamiento de las concesiones.
