Oaxaca, Oax.– La defensa de Juan Antonio Vera Carrizal denunció presuntas presiones e intromisiones del Poder Ejecutivo en decisiones del Poder Judicial de la Federación dentro del proceso penal que enfrenta su representado.
En conferencia de prensa realizada afuera de los juzgados federales, los abogados señalaron que existe una intervención directa de funcionarios gubernamentales para influir en el sentido de las resoluciones judiciales, lo que —aseguraron— vulnera la autonomía e independencia de los tribunales.
Los litigantes recordaron que el 14 de agosto de 2024, un juez del Tribunal de Enjuiciamiento de la región Mixteca declaró inocente a Vera Carrizal; sin embargo, acusaron que posteriormente la boleta de libertad fue cancelada de manera arbitraria por determinación de la magistrada Berenice Ramírez Jiménez.
Durante el pronunciamiento, la defensa exhibió una lona con la imagen y nombre de Néstor Vargas Solano, actual titular de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno de la Ciudad de México, a quien señalaron de presuntamente intervenir en el caso.
Según afirmaron, el funcionario habría citado a la magistrada Briza Dolores Medina a reuniones privadas en la Ciudad de México los días 20 y 21 de mayo de 2026, con el supuesto objetivo de influir en la resolución del expediente.
Los abogados sostuvieron que el caso debía resolverse desde junio de 2025, pero el proyecto de sentencia ha sido retirado en diversas ocasiones sin explicación legal, particularmente en marzo y abril de este año.
Asimismo, explicaron que el expediente fue remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación tras una petición de la contraparte; sin embargo, el máximo tribunal declaró improcedente dicha solicitud el pasado 14 de mayo, devolviendo el asunto al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y del Trabajo bajo el expediente 55/2024.
Finalmente, la defensa hizo un llamado a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para frenar cualquier intervención del Ejecutivo en las decisiones judiciales y garantizar el respeto al principio de presunción de inocencia.
“Los que somos víctimas del sistema opresor y de la injusticia somos nosotros”, expresó uno de los abogados, quien además manifestó temor por posibles represalias derivadas de la denuncia pública.
