DESIGNACIÓN DE EMPRESA FORÁNEA DESATA ACUSACIONES DE CORRUPCIÓN EN EL SECTOR SALUD
Oaxaca, Oax.- En una decisión que ha encendido las alarmas en el sector salud de Oaxaca, los Servicios de Salud del Estado (SSO), con el respaldo del operador político Gilberto Velasco —identificado como ex priista y asesor en la sombra—, entregaron el contrato de seguridad a una empresa foránea, desplazando a compañías locales que venían prestando el servicio.
La empresa favorecida es Serprosep, firma que ha sido señalada por irregularidades y denuncias en distintos estados del país, incluida Oaxaca, donde se le acusa de incumplimientos con sus trabajadores. A pesar de ello, el pasado viernes se filtró el documento oficial donde Mitzi Dayli García Díaz, jefa de Recursos Materiales de los SSO, notificó que dicha empresa obtuvo la licitación para operar del 1 de julio al 31 de diciembre.
Esta imposición ha generado un vacío de seguridad: cuatro días consecutivos sin vigilancia en hospitales y clínicas, lo que pone en riesgo tanto al personal médico como a la población. La medida no solo ha provocado inconformidad dentro de la dependencia, sino también entre las filas del Sindicato de Salud.
A través de un comunicado firmado en representación del secretario general Omar Jesús López, la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud expresó su preocupación por la falta de garantías mínimas de seguridad y exigió la intervención urgente del gobernador Salomón Jara Cruz.
El sindicato advierte que si no se atiende esta situación, tomarán medidas más drásticas, incluido un posible paro laboral. Denuncian que la ausencia de vigilancia en unidades médicas es una forma de negligencia institucional que pone en riesgo la vida de pacientes y trabajadores.
“Rechazamos la omisión, ineficiencia y opacidad con que han actuado los Servicios de Salud de Oaxaca y el IMSS-Bienestar. No se puede jugar con la seguridad de quienes salvan vidas”, sentenciaron.
Mientras tanto, crece la indignación en diversos sectores, que ven en esta decisión una muestra de corrupción, favoritismo político y desprecio por las condiciones laborales y humanas del sistema de salud estatal.
