Floriberto Santos
La Comisión de Hacienda presidida por la diputada, María Lilia Arcelia Mendoza, presentó el dictamen en el que autoriza al Gobierno del Estado adquirir una deuda pública por un monto de 3 mil 500 millones de pesos.
Con cuatro votos a favor, entre ellos, dos legisladores de Morena y uno de Encuentro Social, además de uno priista, la Comisión aprobó, como siempre a oscuras, el dictamen donde autorizan al gobernador, Alejandro Murat Hinojosa, la contratación de esta deuda con lo que sumarían 18 mil millones de pesos.
Para algunos legisladores esto fue considerado como una traición por parte de los legisladores de la Cuarta Transformación, Freddie Delfín Avendaño y Rocío Machuca Rojas, de Morena, y de Arsenio Mejía Aguilar, de Encuentro Social, ya que aprobaron un dictamen pese a que existen anomalías, costos elevados de las obras propuestas a realizarse y sin que el gobierno del estado presente proyectos ejecutivos que determinen su viabilidad.
Anomalías
Respecto a la deuda, sobresalen los 300 millones de pesos que piden para el proyecto del Libramiento Sur de la ciudad de Oaxaca y obras asociadas en su primera etapa pese a que existe un plan ejecutivo que ya realizó la SCT y resultó inviable el derecho de vía porque no lo aceptaron las comunidades. Además son vías federales.
Se están pidiendo más de 10 millones de pesos para la rehabilitación del mercado de Ixtepec, cuando aún no se termina toda vez que lleva un 90 % de su construcción y ya piden dinero para su rehabilitación.
Piden 15 millones de pesos para el mercado de Huautla de Jiménez que se terminó de construir hace 10 años y no es usado al 100%.
También piden 20 millones de pesos para la rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Oaxaca y zona conurbada que no cuenta con un proyecto ejecutivo que determine su viabilidad, mientas que para escasos kilometrajes carreteros o son obras que ya existen o están inflando el presupuesto.
A conveniencia
Trasciende en el Congreso mismo que, La aprobación de este dictamen de endeudamiento, podría ser utilizado para que los priistas voten para la reforma constitucional sobre el tema del aborto, lo cual fue despenallizado la semana pasada.
“La Comisión de Hacienda aprobó el dictamen para el endeudamiento, ahora falta que se convoque a una sesión extraordinaria y se someta al pleno”, explica un legislador.
El pasado 25 de septiembre, según abogados, de manera ilegal el Congreso de Oaxaca aprobó con 24 votos a favor y 12 en contra, la reforma el Código Penal para despenalizar el aborto antes de las 12 semanas, sin embargo, faltó la reforma constitucional.
Para la despenalización del aborto, votaron en contra los priistas Alejandro Avilés Álvarez, Gustavo Díaz Sánchez, Lilia Mendoza Cruz, Magda Isabel Rendón Tirado y Jorge Octavio Villacaña Jiménez, así como la panista María de Jesús Mendoza Sánchez; Victoria Cruz Villar y Aurora López Acevedo, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y Fabrizio Emir Díaz Alcázar y Arsenio Lorenzo Mejía García, del Partido Encuentro Social (PES).
Estos mismos diputados podrían votar a favor de la reforma constitucional por el tema del aborto a cambio de que los legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional, Partido del Trabajo y Mujeres Independientes aprueben el endeudamiento del gobernador, Alejandro Murat, donde se utilizará como fuente de pago el 25 por ciento del Fondo de Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).
Convocatoria
Ayer por la tarde, la Diputación Permanente del Congreso del Estado de Oaxaca aprobó con cuatro votos a favor y uno en contra por parte de su presidenta, diputada Magaly López Domínguez, convocar a diputadas y diputados a un primer Periodo Extraordinario de sesiones correspondiente al segundo periodo de Receso Legislativo.
El periodo tendrá lugar este día, a las 11:00 de la mañana en el Salón de Sesiones.
Tendrán lugar dos sesiones, una de primera y otra de segunda lectura del dictamen emitido por la Comisión Permanente de Hacienda, por el que se autoriza al Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas, la contratación de un financiamiento por más de 13 mil millones de pesos para destinarlo a inversiones públicas.
